La Sentencia 4-24-CN/26 de la Corte Constitucional del Ecuador representa un avance histórico al permitir el cambio de género para adolescentes trans de 12 a 17 años. Sin embargo, la exigencia de un informe psicosocial activa señales de alarma desde la psicología crítica. Este requisito constituye una barrera de acceso disfrazada de salvaguarda, que presupone incapacidad, delega gatekeeping institucional y medicaliza la identidad trans.


